Control social a la gestión pública distrital

 

La corrupción es un flagelo que afecta directa o indirectamente a todos los habitantes de un país, a contrario sensu beneficia a unos pocos de manera ilegal en detrimento de un colectivo social, la corrupción se apropia de recursos públicos que mejoran la calidad de vida de los habitantes de un territorio.

Los recursos públicos deben estar destinados sin excepción alguna a lograr los fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Por consiguiente en tratándose de dineros públicos atañe a todos los ciudadanos velar por su correcta y transparente inversión, el adagio popular de que “lo público no tienen dolientes” debe desterrarse de raíz en nuestra sociedad, lo público es el motor de desarrollo de un país.

Bien es sabido que existe una relación directa entre corrupción y calidad de vida de un país, a mayor corrupción mayor es el subdesarrollo, casualmente los pueblos mas desarrollados del continente presentan tasas de percepción bajas en corrupción, según Transparencia Internacional, tales como Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, Finlandia y Suecia.  

Así las cosas, en cumplimiento con el mandato constitucional es el mismo Estado quien debe generar herramientas eficaces para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Sin embargo, la inactividad de una comunidad se presta para “caldo de cultivo de la corrupción”, por eso es deber de todos los asociados velar por la correcta inversión de los recursos públicos, participar en los procesos de control social es de vital importancia en los diferentes niveles, tanto nacional, departamental, municipal o local.

Entre todos tenemos que construir un tejido social activo, dinámico y participativo que se ocupe armónicamente de la lucha contra la corrupción, las herramientas constitucionales y legales están dadas, sólo falta la intervención decidida de la comunidad.